El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) entró en vigor el pasado 12 de junio. La Unión Europea lo presenta como una herramienta para una gestión común más eficiente de la política migratoria, pero en realidad basa esa supuesta eficiencia en una legitimación del endurecimiento del control y la securitización de la misma. Incluso pone en cuestión los derechos humanos, una de las enseñas de los valores de la Unión Europea desde su creación.
El Pacto comenzó su andadura en 2020, cuando la Comisión Europea anunció la puesta en marcha de un proceso destinado a mejorar la eficacia en la gestión de la llegada de migrantes a la Unión Europea, después de considerar que el Pacto vigente desde 2008 no resultó operativo en la respuesta a la llamada crisis de refugiados sirios de 2015. Aprobado en diciembre del 2023 durante la Presidencia española del Consejo Europeo, consta de nueve reglamentos y una directiva. El último de los reglamentos, que regula la creación de “centros de retorno” en terceros países, fue vitoreado por los europarlamentarios de la derecha y la ultraderecha en el pleno del pasado 17 de junio durante su aprobación al grito de “mandadlos de vuelta” (“send them back”). Las imágenes recuerdan a una Europa fascista del siglo XX que nunca imaginamos que pudiera llegar a definir las políticas del Parlamento Europeo.
El nuevo Pacto se fundamenta en cuatro pilares: fronteras exteriores “seguras”, “procedimientos eficientes” en el ámbito del asilo y refugio, “sistema eficaz de solidaridad”, es decir, de corresponsabilidad económica o de acogimiento ante la migración, y lucha contra la trata y la migración irregular. La aplicación de estos pilares, basados en un marco ideológico de securitización de fronteras, no resuelve las cuestiones clave de todo proceso migratorio como el acceso, el respeto a la carta de derechos fundamentales de la UE o los recursos destinados a la correcta ejecución de sus actuaciones administrativas.
Entre las novedades más cuestionadas por juristas y organizaciones no gubernamentales se encuentra el triaje, que determina a quién se permite iniciar los trámites de asilo. Según el nuevo Pacto, se asignan siete días para que alguien recién llegado y que probablemente no habla español, pueda verificar sus datos y demostrar antecedentes de especial vulnerabilidad (víctima de trata, persecución por ideología, religión o sexo…). Si a esto se añade la denominada “ficción de no entrada”, según la cual, no se considera que una persona ha entrado en territorio europeo mientras dura el proceso de triaje, el objetivo garantista del Reglamento de Asilo queda completamente desenfocado.
Otra novedad es la aprobación de una lista de “terceros países seguros”, como Marruecos o Bangladesh. Esta medida no sólo dificulta la concesión de asilo para los nacionales de los países considerados “seguros”, sino que obliga a los migrantes que han transitado por ellos a tramitar allí su solicitud de asilo, en vez de a su llegada a Europa. Adicionalmente, el nuevo Pacto impulsa el sistema Eurodac, que recogerá los datos personales y biométricos de las personas que hayan entrado de forma irregular a partir de los seis años de edad. Los datos se conservarán durante cinco años frente al procedimiento anterior en el que se mantenían 18 meses en el caso de las personas interceptadas en fronteras exteriores. Por último, no podemos dejar de mencionar la reciente aprobación de los denominados “centros de retorno” que abre la puerta a la creación de centros para migrantes en terceros países, incluidas familias con menores, siguiendo el modelo promovido por Meloni en Albania.
El Grupo de trabajo de entidades sociales sobre el PEMA, entre las que se encuentran Oxfam, Cáritas, Amnistía Internacional o CEAR, ha denunciado la inconcreción en la aplicación de estas medidas: “exigimos al Gobierno y el resto de las fuerzas políticas: garantizar la transparencia (…), aplicar el Pacto de la forma más garantista posible (…) y garantizar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del mecanismo de monitoreo de los derechos humanos”. El organismo encargado de la supervisión del respeto a los derechos humanos del Pacto Europeo de Migración y Asilo en España es el Defensor del Pueblo. Actualmente sus dictámenes no son vinculantes ni cuenta con recursos específicos para este seguimiento. Como indican juristas especializados, la no garantía de los derechos a personas que vienen en situación de vulnerabilidad y la no realización en frontera de las preguntas adecuadas para utilizar los mecanismos operativos de protección por falta de medios y conocimiento del personal asignado, son los mayores retos que presenta la aplicación del nuevo Pacto. La mera necesidad de que exista en cada país un organismo garante de los derechos humanos, es una muestra de que los legisladores europeos conocían que el propio Pacto los puede poner en riesgo.
No debemos olvidar que detrás de todo proceso migratorio hay una historia de vida. Papa E. M., un ciudadano senegalés de 40 años, con residencia legal en España, estuvo en Marruecos varios meses antes de llegar a Canarias en patera en 2023. Al llegar a España solicitó asilo político por haber participado en las protestas que hubo en Senegal contra el anterior presidente, Macky Sall. La petición de asilo finalmente fue denegada, pero durante su tramitación pudo trabajar legalmente en España y obtener la residencia por arraigo. Si hubiera estado vigente el PEMA, no podría haber pedido asilo en frontera por haber transitado por un tercer país “seguro”, Marruecos, donde debería haber presentado su solicitud. Se aplicaría también la ficción de no entrada y se le devolvería inmediatamente a su país o a un tercero considerado como seguro.
Marcela Simonetta, presidenta de la Asociación de Mujeres Migrantes, recuerda la capacidad de movilización de las asociaciones y ONGs para modificar y paralizar medidas legislativas que vulneran los valores fundamentales de la ciudadanía y los derechos humanos. “Estos mecanismos infunden miedo y el temor produce inmovilidad y silencio. Ese termina siendo el terreno fértil en que los fundamentalismos hacen brotar su semilla”. Este Pacto refuerza una Europa formada por ciudadanos de diferentes categorías, derechos y privilegios, y que cede su poder a ideologías populistas y a la industria del control migratorio, formada por empresas y lobbies de origen y objetivos oscuros.
Tal y como señalan organizaciones de derechos humanos y colectivos migrantes, la Unión Europea y los gobiernos de sus estados miembros deben explicar cómo van a proceder a aplicar el pacto, cuál es el coste social de su entrada en vigor, a qué intereses ideológicos y económicos responde y, sobre todo, si Europa pierde sus valores fundacionales, qué nos queda para construir un futuro común.
