“Estoy aquí, pero no pertenezco a ningún sitio”. La frase es de Lisa (nombre ficticio), una mujer de Costa de Marfil atrapada en Marruecos tras varios intentos de llegar a Europa. Lisa no habla solo de una frontera física, cerrada, sino de una vida suspendida. Una vida bloqueada, sin posibilidad de avanzar, sin condiciones para volver y sin plenos derechos. “He intentado cruzar tres veces. Dormíamos en el bosque durante semanas. Ya no tengo fuerzas ni dinero. No puedo avanzar ni volver”, relata.
Su testimonio, junto con otra decena de mujeres, atraviesa el informe Vidas en tránsito. Mujeres más allá de las fronteras europeas, una investigación sobre la situación de mujeres subsaharianas en Marruecos, Túnez y Senegal publicada en la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona en colaboración con la Associació de Dones Migrades Subsaharianes (ADIS) y Metges del Món. A partir de trabajo de campo, entrevistas y voces de organizaciones sociales, el documento analiza cómo las políticas migratorias europeas no terminan en las costas del Atlántico ni en las vallas de Ceuta y Melilla. Europa ha desplazado sus fronteras hacia terceros países, convertidos en espacios de contención. Para las mujeres, ese bloqueo tiene consecuencias concretas: violencia sexual, administrativa, racismo, precariedad, una salud mental deteriorirada y maternidades atravesadas por el miedo.
El informe parte de la idea de que la externalización fronteriza no es una política neutra. Está configurada para transferir a países de origen y tránsito (en este caso, Senegal, Marruecos y Túnez) parte de la gestión migratoria que correspondería a la Unión Europea. Esta transferencia de responsabilidad toma forma de acuerdo bilateral, financiación, formación policial o regímenes de visado. El objetivo es impedir que las personas lleguen a territorio europeo pero su efecto real es desplazar el riesgo hacia quienes migran, especialmente hacia las mujeres racializadas.
Marruecos: la espera como castigo
En Marruecos, ese desplazamiento adopta la forma de una inmovilidad forzada. El país se ha convertido en un espacio donde muchas mujeres subsaharianas no querían quedarse, pero del que tampoco pueden salir. Una investigadora citada en el informe lo define como una instalación “de facto, no de iure”, es decir, no se trata de una elección libre, sino del resultado de políticas que bloquean el movimiento.
Esa espera se vive en el cuerpo. Lisa habla de insomnio, miedo y agotamiento. “Cuando pienso en todo lo que pasamos en el bosque, no puedo dormir. A veces me despierto sudando. Aquí también tengo miedo, porque nunca sabes cuándo vendrán”. La amenaza no es abstracta. Varias mujeres entrevistadas explican que la policía puede detenerlas en cualquier momento: “Cuando salimos a comprar, la policía nos pide los papeles. Si no los tienes, te suben al camión. A veces nos han dejado lejos de la ciudad sin dinero ni agua”.
Las deportaciones internas (traslados forzosos desde ciudades del norte hacia zonas del sur) rompen redes comunitarias y separan a mujeres de sus apoyos. Christine, embarazada de seis meses cuando intentó cruzar en 2023, fue trasladada al desierto durante la preparación del viaje. Pasó un mes sin agua suficiente, sin dinero, sin hospitales. Después dio a luz en Laayoune, sola.
En la historia de Christine, la frontera no aparece como una línea física en el mapa, sino como una frontera que convierte en su caso, el embarazo, en una experiencia de riesgo. En este contexto, y según el informe, para las mujeres con hijos, la inmovilidad forzada en Marruecos implica sostener la vida bajo amenaza constante. Christine debe maternar mientras que busca ingresos, evita controles policiales, protege a sus menores y procesa traumas previos sin acceso a asistencia médica ni psicológica.
A la violencia policial se suma el racismo cotidiano. “En Marruecos, ser mujer negra es suficiente para que te arresten”, afirma una integrante de Femmes Restaurées, una organización de mujeres marfileñas en Casablanca. Lisa lo describe de otra forma: “en el mercado me miran como si fuera un animal, algunos se tapan la nariz al verme pasar”. Awa (nombre ficticio), en su caso, cuenta que le gritan “negra, negra” por la calle y que, a veces, prefiere quedarse en casa para no seguir escuchándolo. El informe muestra que el racismo estructural no puede separarse del régimen migratorio. La irregularidad, las redadas y la contención territorial alimentan una vulnerabilidad interseccional dónde género, raza y estatus migratorios se combinan y producen inseguridad material y deterioro psicológico, entre otras consecuencias.
La precariedad económica completa el cerco. Sin papeles, muchas mujeres se ven empujada al trabajo doméstico, la venta ambulante o la economía informal. “Si un día no trabajas, no comes”, resumen varias mujeres de Costa de Marfil. Lisa lo concreta en su rutina diaria: “Limpio por las mañanas y por la tarde vendo comida en mi barrio. Si un día no trabajo, los niños no comen. No tengo permiso, no tengo seguridad social y vivimos día a día”.
Túnez y Senegal: dos caras del mismo bloqueo
En Túnez, el informe describe un escenario aún más extremo. El país se ha convertido en un actor clave en la ruta del Mediterráneo central, en paralelo a una deriva autoritaria y a un aumento de la violencia institucional contra personas migrantes subsaharianas. Desde el discurso racista del presidente tunecino Kaïs Saied en febrero de 2023, que vinculó a las personas subsaharianas con el crimen y con un supuesto plan de alterar la composición demográfica del país, las organizaciones en terreno denuncian una intensificación de la represión.
Uno de los mecanismos que son resultado de la externalización de fronteras son los llamados dessert dumps: detenciones, traslados y abandonos de personas migrantes negras en zonas desérticas fronterizas, especialmente hacia Libia y Argelia. Marie (nombre ficticio), una mujer camerunesa, recuerda una escena fruto de esos abandonos en el desierto. “Vi como una señora moría en el desierto, estaba sola, pero estaba embarazada. También había sido violada. Después, no se supo lo que pasó. Hasta hoy no lo sabemos”. La violencia sexual no aparece en el informe como un hecho aislado, sino como parte del régimen fronterizo que alimenta financieramente tanto Túnez como la Unión Europea. Mujeres entrevistadas y organizaciones humanitarias describen agresiones en manos de actores estatales y no estatales como guardias, policías, militares, traficantes o grupos armados.
Además, en Túnez, muchas mujeres no pueden alquilar legalmente una vivienda sin permiso de residencia, lo que las expone a desalojos, abusos y campamentos improvisados. “Cuando llegan a Túnez, muchas mujeres se ven obligadas a vivir en el bosque, en campamentos, con tiendas o sin ningún tipo de higiene ni de protección”, señala una organización que trabaja en Sfax. Jeanne (nombre ficticio), una mujer camerunesa, cuenta que la policía irrumpió en la casa donde vivía con su hija, tenía solo un año.
Senegal, por su parte, muestra que la externalización opera principalmente a través del endurecimiento de los visados, la opacidad consular y los programas de retorno. La falta de vías regulares y seguras empujan a muchas mujeres a tomar rutas irregulares hacia España. “Hay chicas que quieren ir de forma legal, pero no consiguen el visado. Terminan por tomar un cayuco y no porque quieran arriesgar su vida, sino porque no tienen otra opción”, explica Marie Victoire Thiaw, representante de BAOS en Senegal. “Si hubiéramos tenido visado, nada de esto habría pasado”, sentencia Aminata (nombre ficticio).
Conseguir una cita para solicitar visado puede convertirse en misión imposible. Una entrevistada afirma que lleva cuatro meses intentando conseguir cita. “La web de BLS se abre a una hora puntual e inmediatamente todas las citas disponibles están cubiertas”. Otras fuentes denuncian un mercado informal de citas: “Me pidieron 150.000 francos (alrededor de 163 euros) por cada cita”, una cantidad infame para el contexto local. La movilidad legal, presentada por Europa como alternativa “ordenada y segura”, en Senegal se convierte en un privilegio restringido.
No son daños colaterales
A lo largo del informe, el mantra se repite: las violencias que sufren las mujeres subsaharianas en tránsito como consecuencia de las políticas de externalización de fronteras no son daños ni efectos colaterales. Son efectos previsibles de un modelo que prioriza la contención por encima de los derechos humanos de la población del Sur. La externalización no frena la migración, la vuelve más cara, larga, peligrosa y clandestina. En el caso de las mujeres, las expone a múltiples formas de violencia fruto de la intersección entre el racismo, la desigualdad económica, la maternidad o la irregularidad administrativa, entre otros contextos.
Aun así, para las mujeres que aparecen en el informe Vidas en tránsito, las redes de apoyo toman un capítulo muy importante en sus experiencias migratorias. En Senegal, la tantin es un espacio de cohesión y reintegración para las mujeres retornadas y, en Marruecos, asociaciones de mujeres de Costa de Marfil crean espacios de sanación y ayuda: “hablar es curar a medias”, dicen desde Femmes Restaurées.
