Ha llegado septiembre y, con él, empezamos a cerrar un verano particularmente caluroso. Según datos provisionales de la AEMET, el de 2026 será el verano más cálido desde que existen registros en España peninsular, es decir, desde 1961. La temperatura, sin embargo, no sube de forma homogénea.
En las grandes ciudades españolas, los barrios con rentas más bajas registran sistemáticamente temperaturas más altas que los barrios acomodados. A esta conclusión ha llegado una investigación del Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOB) de la Universitat Autònoma de Barcelona, enmarcada en el proyecto ADIS (Adaptació al Canvi Climàtic en Barris Desafavorits).
El código postal
Esta correlación se ha hallado cruzando el Índice de Vulnerabilidad Urbana (IVU), desarrollado por el Institut Metròpoli, con dos indicadores de temperatura usando datos del verano de 2022: la Temperatura Superficial del Suelo (LST), medida con datos de satélite, y el Índice Universal de Clima Térmico (UTCI). En ambos casos se encuentra una correlación positiva entre la vulnerabilidad urbana y la exposición a las altas temperaturas, con una de las brechas más pronunciadas en Barcelona (+0,98 °C en LST y +0,56 °C en UTCI). Aunque pueda parecer pequeña, esa diferencia de casi 1 °C es lo que puede separar una noche en la que el cuerpo se recupera, de una noche tórrida que no deja espacio para el descanso.
Según, Amalia Calderón Argelich, investigadora en el Barcelona Laboratory for Urban Environmental Justice and Sustainability (BCNUEJ), las zonas donde se observa esta correlación entre vulnerabilidad social y altas temperaturas son barrios que quedan atrapados en condiciones de poca adaptación climática: edificios en malas condiciones de aislamiento y confort térmico, precariedad socioeconómica, y poco espacio público verde y sombreado. Además, sus habitantes carecen de los recursos privados para adaptar sus viviendas a las condiciones térmicas o para ir a otra parte.
Y es que la pobreza energética no hace más que exacerbar la falta de proyectos urbanísticos que favorezcan los espacios verdes y los refugios climáticos en estas zonas. Así como describe Domi Lorenzo, antigua afectada y actualmente activista en Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), «la mayoría de familias con problemas para pagar la factura de la luz tampoco tienen aire acondicionado en casa, y si lo tienen, no lo ponen para no gastar».
El género
Esta desigualdad territorial, afecta de forma diferencial e interseccional a personas mayores, niños, mujeres, comunidades migrantes, ciertos sectores laborales, etc.
Blanca Valdivia Gutiérrez, socióloga urbana y socia fundadora de Col·lectiu Punt 6, lo atribuye primero a un componente socio-residencial relacionado con la feminización de la pobreza. “Las mujeres, especialmente familias monomarentales, mujeres con pocos recursos, vulnerabilizadas, mujeres mayores, mujeres migradas, etc, viven más a menudo en zonas donde las viviendas no están bien preparadas para el calor, sin capacidad para bajar la temperatura interior durante la noche», matiza.
A esto se le añade, continúa Valdivia, un factor de uso del espacio público relacionado con las tareas de los cuidados. En el estudio FEMPUBLICBCN, en el que participó Valdivia con el equipo de Col·lectiu Punt 6, se pudo confirmar que las mujeres hacen más uso de los refugios climáticos disponibles en el espacio público. Pero no todos los barrios tienen refugios de proximidad, o los que hay no están diseñados pensando en los usos más adaptados a las necesidades de quien cuida. «Muchas mujeres», sigue Valdivia, «nos decían que un refugio climático como un museo, por ejemplo, donde no pueden estar con una criatura, no les sirve».
Las mujeres hacen más uso de los refugios climáticos disponibles en el espacio público, pero no todos están adaptados a las necesidades de quién cuida
Las bibliotecas municipales sí que juegan un papel relevante como refugio climático, tanto para personas mayores como para menores, pero muchas cierran en agosto. Además, Valdivia subraya que las huelgas del personal bibliotecario de este verano en Barcelona –que han provocado el cese de actividad de varios centros de la ciudad– han demostrado que la administración no les está dando a estos espacios la importancia ni los recursos necesarios.
Ilda, vecina del Raval y madre de dos niños de 11 y 8 años, cuenta que, anticipándose al calor por la experiencia del verano pasado, mandó a sus hijos con los abuelos a Honduras, su país natal, durante junio y julio, para evitar tenerlos en casa soportando el calor todo el verano mientras ella trabaja. En agosto se ha podido coger vacaciones y los ha llevado cada día a la piscina municipal de Montjuïc, donde llega con sombrilla y picnic para poder quedarse allí la jornada entera.
En casa, tiene ventiladores para soportar la noche. «Para que duerman más o menos bien, la única manera es que se cansen mucho en la piscina todo el día», cuenta. Cuando le pregunto qué le ayudaría a mejorar su situación, menciona las lonas que dan sombra al parque infantil situado debajo de su casa: «Están mal puestas: en el parque da el sol de pleno toda la tarde, y el metal arde. Los niños se queman si juegan ahí». Ese mismo parque, además, no ha podido usarlo en todo el verano, porque cierra a partir de las siete de la tarde, en las horas de menos sol.
La factura
Las mujeres son también quienes, al fin y al cabo, cargan más a menudo con el peso de buscar alternativas cuando la familia no puede pagar la factura eléctrica. «El 90% de la gente que viene a las asambleas de la APE son mujeres, vienen a menudo con las criaturas a cuestas», cuenta Domi Lorenzo, antigua afectada y actualmente activista de la Aliança contra la Pobresa Energètica.
Desde la APE organizan asambleas comunitarias donde resolver conjuntamente dificultades para pagar la factura energética. «La gente llega desesperada, sintiéndose muy mal por no poder pagar la factura. Ahí ven que hay mucha gente en la misma situación, que esto es un problema colectivo. Entonces salen más tranquilas, sabiendo que no están solas, y eso es una parte importantísima de la lucha colectiva».
En 2015, la APE consiguió reunir más de 150.000 firmas y pasar la Ley 24/2015, una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Parlament de Catalunya que blindaba a las familias más vulnerables ante los cortes energéticos. Entre 2015 y 2020, esta ley frenó más de 200.000 cortes de suministro en Catalunya. Aunque las familias acumulaban deuda con las empresas, la APE también consiguió firmar un acuerdo con Endesa para cancelar esas deudas.
Estas victorias, sin embargo, han quedado por ahora interrumpidas ante el final del contrato con Endesa en 2025 y una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el pasado mes de mayo los artículos de la Ley 24/2015 vinculados a la protección contra la pobreza energética, por considerar que invaden competencias estatales. Y aunque la prohibición estatal de cortar el suministro de agua y energía se ha ido prorrogando desde la moratoria aprobada al inicio del confinamiento por covid, ésta caduca el 31 de diciembre de 2026, dejando a las familias vulnerables sin respuestas a partir de esa fecha.
«Hay que garantizar un suministro básico que permita a las familias vivir con dignidad»
«Lo que reivindicamos es que baje la factura energética y que la energía sea municipal. Porque la luz y el gas no son un lujo, son un derecho. Hay que garantizar un suministro básico que permita a las familias vivir con dignidad«, reivindica Lorenzo. «No tener la temperatura a 18 grados todo el día, sino simplemente poder dormir tranquilamente, sin tener que estar en la playa hasta la madrugada para estar un poco más frescos».
Refrescar la ciudad sin expulsar a su gente
Pagar aire acondicionado para mitigar el calor en un contexto de crisis climática es un parche. Hacen falta medidas más sostenibles, reclaman los expertos entrevistados para este reportaje. Los investigadores que han trabajado en el estudio del IGOB abogan por una discriminación territorial positiva, es decir concentrar en los barrios más afectados las intervenciones urbanas como inversiones en refugios climáticos, arbolado, disminución del tráfico de automóviles y de la superficie de asfalto, así como la mejora de viviendas.
Desde Aliança contra la Pobresa Energètica hace tiempo que reivindican ayudas para poder mejorar la eficiencia energética de las viviendas de las familias que no pueden pagarlas. «En Europa se da muchísima importancia al aislamiento de las viviendas», reivindica Lorenzo. «Aquí las ayudas que hay funcionan por reembolso, pero alguien que no tiene para comprar una barra de pan, claramente tampoco tiene para adelantar lo que vale renovar las ventanas de casa».
Aunque son extremadamente necesarias para asegurar el bienestar de las familias a corto plazo, estas soluciones tienen una cara B peligrosa. El equipo de investigadoras del proyecto ClimateJusticeReady, liderado por el Barcelona Laboratory for Urban Environmental Justice and Sustainability (BCNUEJ) del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), alerta del riesgo de gentrificación climática.
Amalia Calderón Argelich, miembro de este equipo, lo explica así: «La perspectiva de la gentrificación nos advierte que, allá donde se hagan nuevas infraestructuras resilientes y de adaptación al calor, estas pueden no llegar a los colectivos más vulnerables si no se acompaña de políticas sociales y de vivienda para asegurar que estos no se vean desplazados o excluidos». La mejora del espacio público, pues, genera el riesgo de que las zonas urbanas que han alojado a familias socialmente vulnerables por la posibilidad de acceso a una vivienda asequible se revaloricen en el mercado inmobiliario, y por consiguiente, se gentrifiquen. Para evitarlo, alerta Calderón, es indispensable acompañar estas intervenciones urbanas de medidas anti-desplazamiento, como planes de uso o políticas que blinden el derecho a la vivienda.
«Las nuevas infraestructuras de adaptación al calor pueden no llegar a los colectivos más vulnerables si no se acompaña de políticas sociales y de vivienda»
Otra medida que garantiza mejor sostenibilidad tanto social como ambiental es dar apoyo y continuidad a las iniciativas urbanas comunitarias. Valdivia destaca, por ejemplo, la iniciativa del «Forat de la Vergonya», en el barrio de Ciutat Vella de Barcelona: «La comunidad está haciendo un trabajo para ser un lugar de referencia para la gente del barrio, un lugar verde donde pasar un rato, y un lugar donde encontrar apoyo social si fuera necesario».
Farhana, vecina del Raval madre de un niño de 8 meses, menciona uno de estos refugios comunitarios como uno de los pocos lugares donde encontró sombra estos meses de verano para pasear con su hijo: “Es difícil encontrar un sitio con sombra en el barrio, así que este verano he llevado a mi hijo al parque comunitario Ágora Juan Andrés Benítez, está al lado de casa y hay mucho verde”.
Para proteger este tipo de iniciativas populares y generar una «red comunitaria de cuidados y refugios climáticos», apunta Valdivia, «es esencial dejar de expulsarnos de nuestras ciudades».
El calor ha dejado de ser un número en un termómetro, una conversación fácil de ascensor. Es la cara más cotidiana del cambio climático, y ahora también un factor que viene a exacerbar las desigualdades de nuestra sociedad. Adaptar las ciudades es cada vez más urgente, y es importante hacerlo blindando el derecho al fresco de quienes las habitan.
