Norma tiene 26 años y está embarazada. Sus pestañas cubren sus ojos como los de una caricatura: la mayor parte del tiempo está mirando hacia abajo. Su velocidad es delicada, ligeramente frágil. Le es fácil contarme que una propietaria la describió frente al agente inmobiliario como “una de los de Ceuta” para rechazar el alquiler de un piso en la zona centro de Oviedo, Asturias. Norma es española. Bueno, casi. Es sudamericana, pero su madre la trajo antes de cumplir la mayoría de edad. Trabajó desde los 18 y ahora está casada con otro joven latinoamericano, un ingeniero industrial de su misma edad. El piso era perfecto, se lamenta: estaba cerca a una de las avenidas principales de la ciudad, tenía una guardería y una escuela cerca para cuando ella tenga que retomar el trabajo. Norma es española, aunque para otra española es como “los de Ceuta”.
Las vallas que impone una frontera no se saltan, se arrastran: en España, un inmigrante gana un 29% menos de salario que un nativo, según un estudio del 2025 publicado por la revista científica Nature. A los sueldos precarios se les suma tratos discriminatorios, precios impagables, pisos hacinados, fondos buitres e infancias marcadas por el desarraigo. El año pasado, un estudio de Provivienda concluyó que el 99% de las inmobiliarias acepta cláusulas racistas a pedido de propietarios que no quieren alquilar a extranjeros y que la negociación es inexistente cuando se trata de excluir a las personas provenientes de países de África, Asia y América Latina por prejuicios como “malos hábitos, vulnerabilidad económica y posibilidad de hacinamiento”.
A pesar de los datos, ninguna propuesta con enfoque antirracista se refleja en los dos últimos Real Decreto Ley aprobados por el Ejecutivo. En las asambleas barriales de la acampada en Puerta del Sol, por el contrario, la brecha está presente como una problemática en debate, aunque en la práctica continúa sumergida. “No podemos enfadarnos solo cuando le pasan cosas a gente blanca, porque es incoherente con la realidad que vivimos en nuestras asambleas de vivienda”, declara María, portavoz de la Organización de Vivienda de Tetuán y del Proceso Unitario de Colectivos de Vivienda de Madrid.
Desde su experiencia, los límites de la discusión sindical y política sobre la vivienda son las personas migrantes y racializadas, pues “no tiene sentido pedir una ley que vele por los contratos indefinidos, cuando mucha de estas personas no tiene siquiera acceso a un contrato” y los informes de vulnerabilidad se les niegan muchas veces a quienes los necesitan: “Las instituciones son muy racistas”, señala María.
De ayudas, poco o nada
Detrás de estas declaraciones, hay testimonios como el de Jessica, una madre de familia ecuatoriana de 52 años, que lleva más de la mitad de su vida en España. Converso con ella a la hora de la cena, al lado de un stand de alimentación que ya se ha puesto en marcha repartiendo comida para los acampantes dentro de la pequeña ciudadela de Sol. Su voz es articulada incluso cuando sus ojos se entristecen. Habla de su primer desahucio, el más doloroso: sus hijos, nacidos en España, tenían 3 y 5 años y su marido estaba en Estados Unidos por trabajo. Cuando fue a pedir ayuda, la trabajadora social le dijo: “De ayuda no hay nada. ¿Por qué no te regresas a tu puto país?”, repite con vergüenza. La situación la orilló a dormir 15 días en un parque junto a sus hijos.
Un paso fundamental para evitar un desahucio es conseguir un informe de vulnerabilidad en el ayuntamiento, algo especialmente crítico para personas racializadas. La organización barrial madrileña PAH Vallekas se ha encontrado con “situaciones en las que mujeres migrantes van a servicios sociales y no son atendidas salvo que vayan acompañadas de una española”, narra Mercedes, su portavoz.
«No podemos enfadarnos solo cuando le pasan cosas a gente blanca»
Fátima, una vecina de 48 años de un distrito popular al sureste de Madrid, Puente Vallecas, cuenta que hace 18 años no tenía intención de dejar su país natal, Marruecos. Una familia española la trajo para trabajar en cocina para ellos. Hizo su vida aquí desde entonces y ahora está al borde del desahucio. Tiene dos hijas de 10 y 13 años, pero el informe de vulnerabilidad no ha llegado a sus manos hasta el momento. La trabajadora social se ha negado a ayudarla y le ha sugerido marcharse fuera de la capital. Su voz tiembla a través del teléfono: “El trabajo de mi marido y la escuela de mis hijas están aquí, ¿a dónde voy a ir?”.
La estrategia psicológica del fondo buitre antes del desalojo es inquietante: desde hace un año que distintos hombres tocan a su puerta; algunos son desocupas, otros aseguran ser los nuevos dueños y le proponen dinero a cambio de abandonar el piso. Las cantidades monetarias que le ofrecen oscilan entre 3.000 y 15.000 euros, cifras que resultan escasas si se trata de alquilar en su barrio actual, en el que un piso de una habitación ronda los 1.200 euros mensuales.
Entre la espada y la calle
A muchas familias no les queda otra alternativa que abandonar su barrio de toda la vida, movilizándose hacia zonas periféricas e industriales de la ciudad. En contextos así, el desplazamiento forzado es más violento con quienes están en etapa de desarrollo. Claudia, una educadora de 32 años en Carabanchel que se ha sumado a la huelga general por la falta de presupuesto de la educación pública, cuenta que muchos niños y niñas no cuentan sus problemas por miedo. Luego desaparecen de la noche a la mañana a causa de un desahucio o una mudanza intempestiva.
Algunas alumnas viven en una habitación con una familia entera. En estos casos, la falta de privacidad y espacio propio afectan de distintas maneras: “muchas niñas no tienen una mesita para poder estudiar, tienen que estudiar en la mesa de cocina”, agrega Claudia, pero las consecuencias más graves “se verán reflejadas en la salud mental”, sostiene. Un informe publicado en 2024 por el Ministerio de Igualdad, analiza el impacto de un desahucio en las infancias, concluyendo que los menores que han atravesado un proceso de este tipo “muestran un cambio en sus comportamientos, tendencia al aislamiento y mayor agresividad hacia sus madres”.
María, educadora inicial de 42 años en Tetuán, comenta que estas secuelas ya las están viendo en las aulas: “hay niños que están sufriendo cognitiva y emocionalmente las consecuencias del estrés crónico, y educadores que por falta de presupuesto no pueden darse abasto”, expone. Para ella, la crisis de la vivienda es solo un eslabón más en la cadena de servicios públicos. Sin vivienda digna, la salud mental y física de los menores se verá deteriorada, creando la sensación en ellos de que sus necesidades son una molestia para sus familias. “Las consecuencias recaerán en los servicios de sanidad”, advierte.
Hay niños y niñas que desaparecen de la noche a la mañana de una escuela a causa de un desahucio o una mudanza intempestiva
Historias como esta tienen nombre. Una de ellas es la de ‘M’, un adolescente de 15 años, español con padres colombianos. ‘M’ llegó a la acampada junto a sus compañeros del grupo de teatro del que ahora es parte y funciona como su red de apoyo. Recuerda vivir “una infancia que no tiene casa, solo cuatro paredes”, hacinado junto a su progenitora en un piso reducido con otras familias. La primera vez que buscó ayuda médica profesional, recuerda que la psicóloga del centro educativo donde estudiaba le dijo que hacía un ‘show’.
Ahora, con más claridad y a puertas de la juventud temprana, su situación ha mejorado levemente. Vive en un piso de dos habitaciones con su madre y su hermana mayor. Pagan poco más de 900 euros, pero el no tener una habitación propia es algo que a los 15 años le interpela: aún tiene que dormir en el mismo cuarto que su madre, porque su economía familiar no le permite vivir en un piso más espacioso.
Bienvenido a España
La especulación sorprende también a los recién llegados. Ndongo, un joven senegalés de 34 años, llegó a Madrid hace dos años en busca de un mejor trabajo para ayudar a su familia. Dormía junto a un amigo suyo en un trastero de Menéndez Pelayo, una zona acomodada en el centro de la capital madrileña. El ingenio del lucro no tiene límites: el almacén había sido reacondicionado para alojar casi tres decenas de personas. Ellos dormían en una de las 19 habitaciones, compartiendo una cocina y dos baños con 29 inquilinos más. Por una habitación como esta, los dos jóvenes senegaleses pagaban 450 euros al mes.
En otros casos, cuando un casero no se atreve a decir que no te alquila por tu lugar de origen o tu fenotipo, te pide sumas imposibles de dinero. Samuel, un joven sudamericano de 29 años, llegó a España el año pasado con una beca para estudiar un máster. Durante su búsqueda, recuerda visitar una habitación de 550 euros mensuales en Entrevías, distrito madrileño históricamente relacionado con la clase obrera. El anuncio publicado en Idealista pedía un mes de adelanto y otro de garantía, pero luego de entrevistarse con él en persona, las condiciones de la casera cambiaron: ahora pedía 4 meses de adelanto, 2 de garantía, una nómina y un aval para poder alquilar el cuarto.
Para la población migrante, disponer de vivienda ya no es suficiente, pues el padrón supone un deber para conseguir más derechos como los servicios sociales, la educación, el Abono de Transporte o la Tarjeta de Sanidad. Modou, un joven electricista de origen senegalés, pertenece a la Red Interlavapies y cuenta que ellos, sus “paisanos”, son quienes le han ayudado a empadronarse y a seguir su camino en España. A los pies de la famosa estatua del Oso y el Madroño en Puerta del Sol, Modou termina su discurso en medio de palmas y algarabía, frente a una multitud de jóvenes que repite en coro su consigna: “ningún ser humano es ilegal”.
