“En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”, decía el presidente argentino, Javier Milei, en el Foro Económico Mundial el 23 de enero de 2025, que no habló solo de inflación ni de déficit. Señaló a un enemigo y no fue un desliz: era la versión más cruda de una guerra que el presidente argentino había declarado desde antes de llegar al poder.
Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023 con una motosierra en las manos y la promesa de reducir el Estado a la mínima expresión. Pero aquella motosierra nunca fue solo presupuestaria. Desde el primer día, el Gobierno declaró lo que él mismo llama una batalla cultural contra la ideología de género. “La batalla cultural ha sido central en el proyecto político del Gobierno. Buscaron instalar la idea de la necesidad de combatir las ideas progresistas. Nos ubicaron como sus principales enemigas, así como también la estigmatización y persecución de las organizaciones sociales”, declara la coordinadora de la agenda transversal feminista del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Lucía de la Vega.
Esa guerra se libra en dos frentes. Hacia dentro, ha vaciado y desmantelado las políticas de género que Argentina tardó décadas en construir. Hacia fuera, define la política exterior del país. Milei es hoy una de las caras de la llamada internacional reaccionaria, que comparte enemigos y lenguaje y que tiene uno de sus nodos en el Estado Español.
El desmantelamiento del estado
Como cada 3 de junio, desde el año 2015, Argentina se tiñe de morado. Una marea inunda las calles del país latinoamericano en la tradicional marcha del Ni Una Menos, convocada por primera vez tras el feminicidio de la joven de 14 años, Chiara Páez. Ese año, sin embargo, los motivos para salir a la calle se centraron en denunciar el desmantelamiento de las políticas públicas, principalmente en áreas de prevención de la violencia de género.
Una de las primeras decisiones de Milei fue el reordenamiento institucional de los ministerios. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad quedó reducido a una subsecretaría dentro del nuevo Ministerio de Capital Humano, y que cerró seis meses después. “Se concretó el cierre del ex Ministerio de la Mujer”, con este mensaje en X –en ese momento Twitter– el Gobierno de Argentina ponía fin a cuatro décadas de institucionalidad de género.
Antes de que todo esto ocurriera, Argentina tenía uno de los marcos legales más avanzados de Latinoamerica: una ley de protección integral de las mujeres, la figura del femicidio en el Código Penal, la Ley Micaela, que obliga a todo el personal público a formarse en género, y la ley del aborto de 2020.
Milei es hoy una de las caras de la llamada internacional reaccionaria, que comparte enemigos y lenguaje y que tiene uno de sus nodos en el Estado Español
Este cambio de paradigma fue de la mano del cierre y el desfinanciamiento de los principales programas en materia de género: según un informe elaborado por las organizaciones ELA y ACIJ, el Programa Acompañar, la Línea 144 y la protección de víctimas acumulan una caída conjunta del presupuesto del 89% respecto de 2023. Y no hay ni un peso para el Plan Nacional de Acción contra las Violencias que exige la ley.
La Línea 144, el teléfono gratuito al que una mujer podía llamar en caso de emergencia o necesidad, había atendido más de 920.000 comunicaciones en una década. En el periodo 2023-2025 perdió el 97,7% de su presupuesto y prácticamente la mitad de sus trabajadoras. Al final dejó de ser una línea para mujeres y pasó a atender a cualquier persona en situación de violencia. El Programa Acompañar, un subsidio de seis meses para las mujeres víctimas de violencia de género, recortó su presupuesto y la cobertura cayó de más de 100 mil personas en 2023 a poco más de 3.500 en 2024. Y la prevención materializada en el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia) también cayó en picado y dejó de administrar métodos anticonceptivos, mientras que la Educación Sexual Integral se quedó sin presupuesto por primera vez desde 2006.
El último eslabón fueron los datos: primero desapareció el seguimiento del gasto con perspectiva de género; después, el resto de los registros. “A nivel nacional no se están produciendo más datos ni informes de balances de gestión que permitan monitorear ni diseñar las políticas públicas. Esta falta de transparencia y registro de datos configura un incumplimiento estatal en materia de derechos humanos”, denuncia Lucía de la Vega.
Detrás de estos números hay un Estado que debilita derechos y que deja sin protección efectiva a una parte importante de sectores históricamente vulnerabilizados.
De cara a la galería: el cambio en la política exterior argentina
La misma lógica que ha vaciado el Estado argentino por dentro ha redibujado también el lugar de Argentina en el mundo. El país había construido durante décadas una política exterior basada en el multilateralismo, la defensa de los derechos humanos y, en los últimos años, una diplomacia con perspectiva de género.
Ahora, cada aparición internacional del líder de La Libertad Avanza, tanto ante los organismos multilaterales como en los foros de la derecha global donde se ha convertido en un invitado habitual, han sido una puesta en escena en la que el mandatario exagera la ruptura con gestos, insultos y anuncios de que Argentina ya no es la de antes. En línea con sus políticas internas, la estrategia internacional de Milei representa una reorientación deliberada de la política exterior argentina.
El nuevo rumbo tiene un enemigo con nombre propio: el globalismo. Bajo esa etiqueta caben la agenda climática, la salud global, las migraciones, los derechos humanos y el género. Esta cruzada se materializó en septiembre de 2024, durante su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde Milei anunció que Argentina se desmarcaba de la Agenda 2030. Dos meses después, en noviembre, su país fue el único que votó en contra de una resolución para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. En febrero de 2026, ante el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Ginebra, su delegación sostuvo que “no existe el derecho al aborto consagrado como tal en el derecho internacional”.
En sintonía con la visión del mundo de las derechas occidentales, Milei ha hecho de la agenda antigénero una marca registrada de su retórica y política. Según la profesora Titular del Área de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide e investigadora de los discursos de la extrema derecha, Antonia Ruiz, la agenda antigénero de la derecha radical populista es estructural, y por eso mismo es compartida entre países. No es una coincidencia ni una moda: responde a la misma lógica nativista en todos ellos.
El espejo español
El Estado Español se prepara para unas elecciones generales en las que la media de las encuestas da al PP y Vox una holgada mayoría absoluta. Si se confirma, la extrema derecha podría sentarse por primera vez en el Consejo de Ministros, y el camino que ha recorrido Argentina podría convertirse en una posibilidad real.
“En el seno de la internacional reaccionaria, España no es solo receptora de esta agenda, sino uno de sus nodos principales”, advierte Ruiz. Un ejemplo es la Carta de Madrid, una alianza articulada por la Fundación Disenso, vinculada a Vox, para coordinar a sectores de la derecha en Iberoamérica, y en la que Milei participó ya en 2020. Y organizaciones nacidas aquí, como HazteOír y su plataforma internacional CitizenGO, son piezas clave en la difusión global de la agenda antiderechos. “Hay un marco ideológico compartido y estructuras organizativas que lo hacen circular”, sigue la profesora.
A ambos lados del Atlántico existe la misma estrategia, aunque con matices e instrumentos distintos. El elemento de partida es el nativismo, la idea de que el Estado debe priorizar a la población ‘nativa’ definida con un sesgo étnico, frente a una inmigración que se presenta como una amenaza de sustitución. “Sostener el nativismo en sociedades de baja fecundidad exige que las mujeres nativas tengan más hijos y los eduquen en los valores de la nación. Las mujeres pasan a ser las reproductoras biológicas y culturales de la nación, y eso explica la oposición al feminismo y a los derechos sexuales y reproductivos”, explica Ruiz. Vox, por su parte, le añade el rasgo propio de la natalidad, que enlaza con un problema muy presente en el debate español, la despoblación del medio rural. Así, lo que es una cuestión identitaria se presenta como respuesta a un problema demográfico, y se vuelve más digerible para un público amplio.
El nuevo rumbo tiene un enemigo con nombre propio: el globalismo
La experiencia de los gobiernos autonómicos en coalición con el PP ofrece una primera aproximación de la hoja de ruta que el partido de extrema derecha podría impulsar desde el Congreso. Su propuesta se centra en cerrar el Ministerio de Igualdad y crear a cambio un Ministerio de Familia con ayudas por hijo. A eso se suma la ‘prioridad nacional’, ya incluida en los pactos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.
Aunque el PP no ha asumido la mayor parte del marco de Vox, sí que ha hecho concesiones puntuales. Extremadura sustituyó su Consejería de Igualdad por una secretaría general, y varias grandes ciudades gobernadas por PP y Vox eliminaron la concejalía de Igualdad o la fusionaron con Familia. El pacto valenciano de 2023 cambió ‘violencia de género’ por ‘violencia intrafamiliar’. En Andalucía, el PP ha cedido a Vox las unidades que elaboran para los jueces los informes sobre víctimas y agresores, las mismas cuyo personal Vox quería depurar en 2019.
A la vista de estos precedentes, ¿es alarmista pensar que España podría seguir los mismos pasos que Argentina? “Un desmantelamiento fulminante, con el cierre del ministerio y recortes drásticos parece un escenario catastrofista y poco probable”, vaticina Ruiz. El sistema español tiene más contrapesos: leyes orgánicas, el Pacto de Estado, la normativa europea y un reparto de competencias que obligaría a pasar por el Congreso y por las comunidades autónomas. Pero lo que no es descartable es “un escenario más gradual y menos visible en el que se produzcan cambios en estructuras, terminología, presupuestos y Servicios, y lo que es más importante, la normalización de discursos antifeministas que pueden tener consecuencias, aunque no cambie ninguna ley”, concluye Ruiz.
Más allá de los decretos, de las partidas presupuestarias y de las medidas concretas, el cambio más profundo es la normalización de un marco político que antes estaba en los márgenes y era residual. Antes de cerrar un ministerio hubo que convencer a una parte de la sociedad argentina de que su existencia no era necesaria. Antes de recortar la Línea 144 hubo que repetir, una y otra vez, que la violencia no tiene género. Ahí reside la lección argentina: los derechos rara vez desaparecen de un plumazo, se erosionan cuando dejan de nombrarse, de financiarse y de defenderse.
