La mayoría de la población catalana sobrdimensiona la presencia de la inmigración en el país. Este hecho no es un detalle estadístico menor, es el síntoma de un fenómeno que ha crecido en paralelo al auge de la extrema derecha y a los discursos de odio: la convicción, cada vez más extendida, de que Catalunya está siendo invadida por la inmigración. La percepción dice una cosa, pero los datos dicen otra muy diferente. Las encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) revelan una brecha significativa entre la percepción social de la inmigración y la realidad demográfica de Catalunya. Ante la pregunta: «¿De cada 100 residentes, cuántos diría que han nacido fuera de España?», las respuestas dibujan un imaginario colectivo notablemente alejado de la realidad: seis de cada diez catalanes aseguran que han llegado a Catalunya más inmigrantes de los que los datos objetivos aseguran. Además, dos de cada diez (18%) creen que más de la mitad de la población en Catalunya ha nacido en el extranjero, el doble que la cifra real. Estos datos constatan que se está extendiendo la idea de que el porcentaje de población nacida en el extranjero iguala prácticamente al de la población nacional.
Actualmente, la población extranjera representa el 18,7% de la población –más de 1,5 millones de personas–, una proporción que aumenta hasta el 25,1% si tenemos en cuenta a las personas nacidas en el extranjero y ya nacionalizadas. Los orígenes de esta población son diversos y cada vez más plurales. Predominan los colectivos del Magreb y de América Latina, seguidos de los procedentes de la Unión Europea, Europa del Este y Asia. En los últimos años, han ganado peso las llegadas procedentes de Ucrania, Venezuela o Senegal, lo que refleja una combinación de factores laborales, educativos y de refugio.
Aunque siguen siendo una minoría, el número de extranjeros en Catalunya ha aumentado año tras año desde principios de siglo, excepto en dos periodos puntuales: la crisis económica de 2008 y la pandemia de la Covid-19.
Es precisamente en este contexto de crecimiento gradual y sostenido donde resulta más revelador constatar que la percepción social no aumenta proporcionalmente al aumento real de la población extranjera, sino de manera mucho más acelerada. Algo externo a la demografía está amplificando y sobredimensionando este fenómeno.
Los efectos de esta distorsión no se limitan a sobreestimar cifras: los catalanes no solo creen que hay más inmigración de la que realmente existe, sino que la tolerancia hacia ella también ha caído. Ha caído en el impacto positivo que se considera que la inmigración tiene en la cultura, la convivencia o la economía. Lo mismo sucede con la tolerancia que se tendría si un hijo o hija tuviera una pareja negra, árabe o latina. Dos terceras partes de la población catalana afirma que se sentiría cómoda si un hijo/a tuviera una relación con una persona negra, latina o de Asia Oriental, pero solo lo aceptaría un 38% si el yerno o nuera fuera magrebí, y un 43% si fuera de etnia gitana, demostrándose así la persistencia de prejuicios específicos hacia estos colectivos.
El aumento tan drástico en el porcentaje de catalanes y catalanas que perciben más inmigración de la que existe realmente no es un fenómeno socialmente uniforme, está ligado de manera muy directa con la simpatía política. Entre los simpatizantes de VOX, casi el 40% considera que más de la mitad de la población catalana es de origen migrante, y 8 de cada 10 creen que hay más inmigración de la que realmente hay. La pauta se repite entre los simpatizantes de Aliança Catalana: un 27% cree que más de la mitad de la población es migrada, y el 80% considera que la migración supera el 25% del total. Estas cifras se desploman entre los simpatizantes de partidos situados al otro lado del espectro político: solo el 7% de los simpatizantes de la CUP, el 9% de los Comuns y el 15% del PSC sobredimensionan la migración hasta el punto de creer que representa la mitad de la población. La correlación es nítida: los simpatizantes de partidos antiinmigración son los que más sobreestiman la presencia migrante y los que mantienen actitudes más negativas hacia el fenómeno. Y, según los expertos, esto no es casual, es una estrategia consciente para exagerar la magnitud del fenómeno y hacer de la anécdota una distorsión.
Pero el impacto de estos discursos no se limita a quien ya simpatiza con la extrema derecha. Los discursos de odio y la desinformación modelan también la actitud del conjunto de la población hacia la migración. Los sesgos o percepciones erróneas sobre la inmigración, así como los sentimientos de amenaza, se encuentran estrechamente relacionados con la desinformación. En todo el mundo, los reiterados discursos de odio difundidos por líderes de opinión o representantes públicos acaban normalizando la discriminación hacia este colectivo.
La inmigración es actualmente el segundo problema más relevante según la ciudadanía, pero con una distancia notable respecto a la vivienda, el aspecto que más preocupa. Los simpatizantes de Vox y de Aliança Catalana son los únicos que sitúan la inmigración como el principal motivo de preocupación. Además, un 68% de los encuestados considera que «se ha perdido el control» de la entrada de personas migrantes y un 60% cree que «hay demasiada inmigración».
Entre la ciudadanía en general, esta preocupación no es hoy la más elevada desde que hay registros: en 2006, un 39,2% de los catalanes consideraba la inmigración como uno de los principales problemas del país, a diferencia del 23,8% actual. Aun así, este porcentaje no ha parado de crecer desde el año 2020, cuando solo un 5,8% de los encuestados lo consideraba como un problema.
Cuando la distorsión sobre la presencia migrante se normaliza en el debate público, sus efectos se trasladan a la vida cotidiana de las personas migradas: más discriminación en el acceso a la vivienda y al empleo, más desconfianza institucional y, en los casos más extremos, más delitos de odio. Además, el relato que sitúa la inmigración como causa de los problemas sociales (la falta de vivienda, la presión sobre la sanidad pública, la inseguridad ciudadana) desvía la atención de sus causas estructurales y dificulta su abordaje político real. El riesgo, por lo tanto, es doble: para las personas migradas, que ven cómo se legitima la sospecha y el rechazo hacia ellas; y para el conjunto de la sociedad catalana, que se encuentra ante un debate público cada vez más polarizado, en el que los consensos básicos sobre derechos y convivencia, que durante décadas habían sido compartidos por la mayoría del espectro político, empiezan a agrietarse.
