Irving Larios ha sido rehén de dos dictaduras y preso tres veces. La primera, a manos de Anastasio Somoza, que lo detuvo en enero de 1979, con apenas 19 años, por militar en el Frente Sandinista. La segunda, en 1987, irónicamente a manos del Gobierno de Daniel Ortega, como presidente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Y la tercera, la más reciente y cruel, en 2021. “Entraron a casa como cuarenta policías con fusiles apuntándome en la cabeza. Fueron 18 meses, de los cuales 6 en aislamiento. Ha sido la más brutal de todas”.
Después de ese último periodo, el 9 de febrero de 2023, el gobierno lo trasladó, junto a 222 presos políticos del país, a Estados Unidos donde vivió dos años y medio, pero decidió irse a España ante la política antiinmigración de la Administración Trump. Por el momento, vive en Barcelona, donde desde hace un tiempo también reside Andrea, una de sus dos hijas.
El tribunal lo condenó a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta por, según expone literalmente la sentencia: «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua, la seguridad y la sociedad nicaragüense», y a 5 años de prisión por «propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación». Las penas, a cumplirse de forma sucesiva, debían finalizar el 20 de septiembre de 2034, es decir trece años de cárcel formal. Aunque Irving no llegó a cumplir ni un octavo de esa condena. Él mismo se reivindica como parte de la «segunda promoción» de militantes del Frente: los que quedaron vivos después de la guerra contra Somoza. Una distancia que marca con claridad frente a quienes hoy “gobiernan en su nombre” y lo han detenido en varias ocasiones: «Ellos dicen que son sandinistas, pero yo soy de la segunda promoción”, aclara.
Para Irving, el sandinismo nació como una expresión política concreta en Nicaragua, con Augusto Nicolás Calderón Sandino como símbolo de resistencia frente a la intervención estadounidense. Lo que existe hoy, insiste, ya no tiene nada que ver con eso. «La familia Ortega Murillo se ha apropiado de la narrativa y de los símbolos del Sandinismo a través de una estrategia de control del poder absoluto. Nosotros nunca planteamos un gobierno totalitario. Hablábamos de democracia popular, de desarrollo, de derechos humanos, de libertades. No de dictadura. Sandino luchó para que en Nicaragua se cerrarán empresas mineras, entre ellas La India. Una de sus luchas más grandes fue esa. ¿ Y quién abrió Mina La India después de casi 50 años? Daniel Ortega”, espeta el mismo.
Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), la dependencia energética respecto a Estados Unidos ha oscilado entre el 66% y el 73% del total de petróleo, combustibles y lubricantes importados en los últimos años, mientras que la sanción internacional a Venezuela desde 2019 obligó al país a reorientar casi por completo sus compras de crudo. En exportaciones, Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de Nicaragua, sobre todo de oro, café y carne. “Y ahora gente, personas humanas. Que las exporta para sacar remesas. Casi un tercio del PIB del país son remesas”, sigue Irving.
Edipcia, política y economista de formación, asiente a las palabras de Irving, y describe Nicaragua como el segundo país más pobre de América Latina, “no por falta de recursos naturales, tiene fuentes de agua espectaculares sino porque su riqueza ha sido capturada históricamente por unas pocas familias”, expone. Y atribuye el poder de la familia Ortega Murillo a la cooperación petrolera venezolana que se ha hecho rica apropiándose de los recursos que Venezuela envió al país. “Con eso construyeron su holding empresarial y se convirtieron quizás en los empresarios más ricos del país en Centroamérica”, matiza Edipcia, que también comparte la visión política y de transformación del sandinismo de Irving.
“Lo que ocurre es que hay mucho populismo. Y robo. Cada gobierno fue borrando la historia y construyendo su propia narrativa. La historia de Nicaragua está muy fragmentada. Creo que muy pocas personas hemos tenido la posibilidad de leer el diario de Sandino, de conocer su pensamiento realmente, tener formación política”.
«La familia Ortega Murillo se ha apropiado de la narrativa y de los símbolos del Sandinismo a través de una estrategia de control del poder absoluto»
Edipcia se define antes como luchadora social que como política, pese a haber sido diputada; Irving, en cambio, nunca quiso afiliarse formalmente a ningún partido. Aun así, sus caminos se cruzaron por las calles de Managua durante la campaña electoral de 2006. “En Nicaragua nos conocemos todos”, se ríen entre ellos.
Edipcia era vecina de Vidaluz Meneses, exviceministra de Cultura, poeta y figura importante dentro del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). Por las tardes, cuando salía de la universidad, ayudaba al marido de la poeta en su labor como veterinario: paseaba y daba de comer a los perros. A través de ese acercamiento, un día Vidaluz la invitó a una reunión del MRS, y de ahí empezó a participar de la campaña de candidatura de Vida Luz Meneses al Parlamento Centroamericano.“Fue un momento maravilloso para mí. Yo era una muchacha joven que nunca había participado en política, y organizar desde la base a todo tu barrio, salir a pintar las calles, poner bombillas en escuelas, tocar puerta a puerta era divertidísimo. ¡Era como una gran tarea, era como una boda!”, exclama.
Años más tarde, en 2018, Edipcia también vivió en propia piel el exilio. Durante su participación en el Oslo Freedom Forum, un foro internacional de derechos humanos, denunció públicamente uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente del país que terminó con 15 estudiantes asesinados y 199 heridos durante la marcha del Día de la Madre en Nicaragua. Días más tarde, de regreso a su país, el Estado la amenazó con que si intentaba entrar la arrestarían. «Fue como si hubiera entrado en una cápsula del tiempo en la que la gente me hablaba y yo no entendía lo que me decían. ¿Cómo que no puedo regresar a mi casa? Si solo tengo tres mudas de ropa aquí. ¿Qué voy a hacer?», cuenta Edipcia.
De ese estado de asombro pasó a la resignación y decidió volar a Costa Rica, que vivía en plena ola migratoria nicaragüense. “ En ese momento estaban llegando de Nicaragua casi doscientas mil personas, muchas heridas, muchas dormían en la calle, así que pensé que era un buen lugar para ir a ayudar”, sigue.
Costa Rica fue su casa durante siete años hasta que el nivel de persecución transnacional se volvió, matiza, insostenible, y decidió viajar a España. “El asesinato de Roberto Samcam fue el motivo por el que decidí marcharme”, reconoce.
Muerte civil: la desnacionalización como arma política
La desnacionalización no es un episodio aislado, sino una política de Estado que el régimen de Ortega y Murillo inauguró el 9 de febrero de 2023, cuando desterró a 222 presos políticos y los despojó de su ciudadanía nicaragüense de un golpe. Entre algunos de los afectados se encuentran Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y la escritora Gioconda Belli, el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro y Sofía Montenegro. Desde entonces, la cifra no ha dejado de crecer. Según denunciaron organizaciones de derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en febrero de 2025, la privación arbitraria de la nacionalidad afecta a 453 personas opositoras o percibidas como tales, una práctica que calificaron como crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Además de retirarles la nacionalidad nicaragüense, la justicia bajo el control de Ortega ordena que se incauten todas las propiedades a nombre de los afectados. Entre esas 453 personas están Edipcia e Irving, y por supuesto todos sus bienes y derechos.
«Vos nunca naciste. Se llama muerte civil. En América Latina no pasaba desde 1979 con la dictadura de Pinochet. Hace más de 40 años que no existía esta desnacionalización por razones políticas.»
Las consecuencias prácticas son inmediatas: anulación de cuentas bancarias, congelación de dinero, suspensión de pensiones, hijos que no pueden tramitar su partida de nacimiento porque, legalmente, uno de sus padres no existe, expropiación de bienes…
La desnacionalización no es un episodio aislado, sino una política de Estado que el régimen de Ortega y Murillo inauguró el 9 de febrero de 2023
Como respuesta, apenas conocida la desnacionalización masiva de 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez ofreció la nacionalidad española a los afectados a través de la vía más expedita que existe en su ordenamiento –la «carta de naturaleza» del artículo 21 del Código Civil, reservada a «circunstancias excepcionales» y que no exige residencia previa en el país– . Desde entonces, España ha nacionalizado a 167 personas entre desnacionalizados y familiares directos, según los últimos decretos publicados hasta julio de 2025. Entre esos nuevos españoles están Edipcia e Irving, quienes hoy hablan desde Barcelona amparados por un pasaporte que Nicaragua ya no les reconoce. Pero este documento, aunque los protege, no les devuelve un futuro: a sus 67 años, Irving no cobra ninguna pensión y vive gratuitamente en casa de una mujer, que lo ha acogido por solidaridad.
Pese a la distancia, ambos insisten en que su vida sigue anclada a Nicaragua. Ambos colaboran con grupos y organizaciones del país, que no pueden nombrar por cuestiones de seguridad, «Nosotros dormimos aquí, pero vivimos allá. Toda nuestra cotidianidad está vinculada a lo que pasa en Nicaragua, porque nuestra vida está congelada, suspendida”, cuenta Edipcia. Y ambos coinciden en que la fragmentación de la oposición nicaragüense no puede analizarse sin tener en cuenta el trauma colectivo que arrastra la sociedad de torturas, arrestos y desapariciones forzadas.
Para cerrar la conversación les pregunto qué harían si pudieran volver mañana a Nicaragua. Irving no duda y dice que se apuntaría a cualquier espacio donde se pueda hacer política de nuevo. Edipcia, emocionada, dice que lo primero sería visitar las tumbas de los que se han ido y a quienes nunca pudo despedir.
Esta conversación ha tenido lugar en el marco de la Taula Catalana per la pau i els Drets Humans a l’Amèrica Central y SUDS, dos entidades que trabajan en Centroamérica y que han contribuido con sus fuentes y conocimientos a la elaboración de esta pieza.
