"Van amb tot el seu armament, el seu vestit és negre, van encaputxats, només els distingeixes una mica els ulls, així que també tenen una narrativa visual bastant intimidatòria, violenta. El seu lema és 'vèncer o morir'", explica un periodista mexicà especialitzat en la temàtica, que per motius de seguretat prefereix romandre en l'anonimat; i, segons ell, és una consigna que crida a l'acció bèl·lica.
En Chiapas se ha instaurado un nuevo cuerpo de seguridad: la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), también conocida como ‘los Pakales.’ Con esto, el Estado mexicano repite su estrategia histórica de intentar frenar la violencia con más violencia. Uno más, según especialistas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en la ciudad chiapaneca de Tapachula, «debe haber como unos ocho cuerpos de seguridad. Está el Ejército Nacional, está la Marina, está la Fuerza Aérea, está la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Fronteriza, las patrullas antipandillas, y ahora los Pakales». Aun así, como describen desde el Centro, las situaciones de violencia, las desapariciones y los asesinatos no descienden. “Pues es que la militarización nunca va a ser la respuesta, porque no va a abordar las necesidades de la población; al contrario, lo que se ha visto en los territorios altamente militarizados es que las violaciones a derechos aumentan.”
Tot i el relat que dicta la memòria històrica del país, continuar promovent la militarització va ser la principal promesa electoral d'Eduardo Ramírez, elegit governador de Chiapas el desembre de 2024 en representació del partit Morena, del qual també forma part la presidenta del país Claudia Sheinbaum. Atès que aquestes van ser les eleccions més violentes de la història de Chiapas, amb almenys 18 candidats atacats per pressions del crim organitzat, la proposta electoral estrella del candidat guanyador va ser la creació d'un nou cos de seguretat, conformat per 710 efectius, 20 vehicles blindats, un helicòpter, armes de suport i dues embarcacions Monster. Va prometre, també, que els efectius d'aquest nou cos Pakal cobrarien un sou substancialment més alt que el d'altres forces de seguretat, aproximadament un 40% més, per tal d'evitar tendències corruptes altament instaurades entre les autoritats estatals i municipals.
En su presentación al pueblo chiapaneco, el mismo día de la toma de posesión del cargo por el nuevo gobernador, la sociedad pudo atisbar por las calles una nueva narrativa visual altamente violenta.
Luis Alonso Abarca González, defensor de derechos y coordinador del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas «Digna Ochoa», con sede en San Cristóbal de las Casas, considera que este gesto fue vendido a la población desde el discurso “de que Chiapas ahora sí tenía un gobernador que iba a combatir la delincuencia, que iba a asumir su responsabilidad, que los Pakales iban a garantizar que se acabarán todos estos bloqueos de los cárteles que tenían en distintos puntos del estado, sobre todo en la frontera.” Y por un momento sí pareció que la delincuencia organizada se replegó y que había una cierta calma. “Nosotros decíamos: esperemos 15 días, un mes y vamos a ver.” Efectivamente, a los 100 días de haberse conformado el grupo, comenzaron a destaparse situaciones de abuso y vulneraciones de derechos.
De fet, la seva manera d'actuar ha sigut equiparada per part d'especialistes a la del mateix crim organitzat. Els seus procediments es fonamenten en la creació de por i intimidació entre la població. La por ha sigut la forma en què el crim organitzat ha controlat el territori històricament en diferents estats de Mèxic. "Mantenir la població atemorida significa tenir-la de la teva part", relata Abarca González. "Fins i tot el seu logotip et recorda el dels sicaris, el del càrtel de Sinaloa, el del càrtel Jalisco Nueva Generación: calaveres, al·lusions a la mort, tota una propaganda que semblava més un grup de sicaris que no pas una força policíaca".
“Van con todo su armamento, su traje es negro, van encapuchados, nada más distingues como un poco sus ojos, entonces también tienen una narrativa visual bastante intimidatoria, violenta. Su lema es vencer o morir”
Existen, además, diversas evidencias de la mala praxis de este cuerpo. Se han reportado vídeos en los cuales los agentes golpean y encierran a personas sin previa identificación. La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) denunció, el pasado 24 de abril de 2025 que los agentes de Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, junto con otras fuerzas, hallanaron cuatro domicilios en San Pedro Cotzilnam sin orden judicial. En este proceso, se llevaron a dos hombres tsotsiles que permanecieron tres días desaparecidos, desconociendo el motivo de su detención. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó que el 4 de noviembre de 2025 fue detenido sin orden judicial y torturado Oscar Trinidad Carbajal, comerciante originario de Tapachula, mientras transitaba por las calles de su ciudad, por parte de las FRIP. Según el periodista entrevistado para este reportaje sobre el caso de Oscar, “algunos dicen que está involucrado en cosas. Otros dicen que sencillamente es comerciante. Fuera como fuera, la manera en la que lo torturaron es totalmente… no está bien.”
La forma más común de tortura que ha sido reportada en su uso por parte de los Pakales es el tableado que, como su nombre indica, consiste en dar tablazos en la espalda y/o muslos a la víctima con una tabla de madera. Este método fue instaurado en México por el cártel Los Zetas, ya desarticulado y conocido por sus métodos crueles. Las evidencias sobre la vinculación de las FRIP con el crimen organizado se acumulan: ha habido destituciones de agentes por presuntas vinculaciones con estos grupos como fue el caso de José Carlos Lemus Vidal, en mayo de 2025, comandante de los Pakales en el municipio de La Concordia, después de que uno de sus agentes lo denunciara públicamente de presunta colusión con grupos criminales. Además, la persona elegida para liderar este nuevo cuerpo fue Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, exmando de la Policía Federal, relacionado directamente con la masacre ocurrida en 2015 en Tanhuato, Michoacán, donde se ejecutaron a 22 civiles y presuntamente miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación estuvieron involucrados. El periodista chiapaneco ha relatado que “la población dice que ellos están trabajando para el crimen, muchos dicen que para Sinaloa, pero depende de cada municipio, porque ellos trabajan para los dos grupos».
Patrons de violència
Chiapas es el estado más pobre de México, y en los últimos años ha vivido un aumento sustancial de los niveles de violencia y una consecuente militarización de su estrategia de ‘seguridad’. La violencia se instauró en este estado, históricamente seguro, a partir de 2020 y se agudizó en 2023. Entre 2020 y 2025, el estado acumuló al menos 3.231 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Segons el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas a Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO) registró entre 2000 y 2024 un total de 7.163 personas desaparecidas.
¿El principal motivo de estas cifras? El aumento de la tensión entre el Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) en conflicto con el Cártel de Sinaloa, que ha dominado históricamente la zona y ha controlado las rutas de migrantes y el tráfico de mercancías, lícitas e ilícitas, así como los proyectos de expropiación de tierras para la construcción de proyectos industriales como el Tren Maya. Ambos grupos se han disputado con sangre cada municipio estratégico, con el CJNG incursionando en ciudades clave para su rival, como San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y los municipios fronterizos de Comalapa y Huehuetenango, Guatemala.
Chiapas es el estado más pobre de México, y en los últimos años ha vivido un aumento sustancial de los niveles de violencia y una consecuente militarización de su estrategia de ‘seguridad’
Des de la instauració de la 'Guerra contra el Narcotràfic' el 2006 —PAN, PRI i Morena—, va ser aquest últim, amb la presidència d'Andrés Manuel López Obrador, el que ha consolidat la militarització al país: el setembre de 2022 es va aprovar una llei que posa la Guàrdia Nacional sota el comandament de la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena), i les Forces Armades van assumir més de 240 tasques addicionals alienes a la seva funció castrense. El pressupost militar va créixer un 60,5% en termes reals entre el 2007 i el 2022, i va aconseguir els 259.434 milions de pesos el 2024. Tot i aquests increments, els resultats són negatius en matèria de drets humans: la Sedena acumula 2.284 queixes de violacions de drets, la Guàrdia Nacional 1.917 i la Marina 599. També ha estat àmpliament documentada per la societat civil la col·laboració dels funcionaris militars amb la delinqüència organitzada, sent aquests testimonis passius, si no còmplices, d'operacions criminals.
Pese a las denuncias y las evidencias mencionadas, y que siguen perpetuándose hasta día de hoy, el gobierno federal y estatal siempre ha negado los actos de tortura de las FRIP y también su potencial vinculación con el crimen organizado. “La narrativa dice que estamos en paz, pero todo lo contrario. Si hubiera paz no habría desaparición, no habría tortura. Cuando dicen que hay que garantizar la paz, el gobierno se debe comprometer”, concluye el periodista chiapaneco.
Reportatge en col·laboració amb El Salto
